Es fascinante comparar cómo Chile creó una Sociedad de Apoyo al Giro, o SAG, (negocio financiero auxiliar, en español), que eliminó la competencia con cómo Colombia implementó una SAG que apoyó la competencia a través de ACH. Este caso es significativo porque nos permite comprender qué fue lo que falló: SAG controla el botón de PSE (red de transferencias bancarias) en Colombia pero no lo vende. Si alguien quiere ponerlo en marcha, debe dirigirse a un banco o a otro organismo. Pero aquí (en Chile) se autorizó a los bancos a formar Transbank para desarrollar y comercializar la tecnología. Ese fue el crimen atroz que cometimos”.

Quien utiliza la metáfora religiosa es Roberto Opazo, CEO del proveedor de pagos online Khipu. Opazo enfatiza que no es una persona religiosa. El “mal humor” de Transbank, en su opinión, es reflexivo y conciliador. Sin embargo, reconoce que competir con Transbank es una “carga difícil de soportar”. No porque Transbank o los bancos hicieran algo malo, sino porque los potenciales inversores tenían miedo de invertir debido al monopolio”.

No cabe duda de que Transbank tiene un monopolio desde finales de los años 80, posición que se vio reforzada por la puesta en marcha a nivel nacional de la tarjeta Redcompra y la solución Webpay en el año 2000, avances que paradójicamente beneficiaron a la población. Los chilenos pueden utilizar tarjetas de crédito para realizar pagos electrónicos y alternativas de prepago y transferencias electrónicas a través de la mayoría de los bancos chilenos. Sin embargo, el sector de pagos chileno está lejos de convertirse en lo que podría ser, dada su alta penetración de Internet y de teléfonos inteligentes, que es la más alta de América Latina.

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El modelo de cuatro partes distingue a los emisores de tarjetas de crédito, débito y prepago (bancos y otros tipos de instituciones financieras) de los diferentes tipos de instituciones financieras. Adquiriendo empresas que operan y generan tecnología de pagos, el modelo de tres partes de Transbank le permitió gestionar tanto la adquisición para sus dueños, como la operación de los medios de pago (BICE, Banco de Chile, BCI, Banco Falabella, Internacional, Security, y otros están entre los dueños controladores). Transbank, como operador de pagos y adquirente, podría manejar las transacciones y al mismo tiempo asociarse con los comercios para tomar las tarjetas de los bancos en sus puntos de venta.

Según Julio Tapia, coordinador de investigación del CeCo (Centro de Competencia) de la Universidad Adolfo Ibáez, Chile se ha convertido en “un ejemplo único en el negocio de los medios de pago. La parte compradora está prácticamente fusionada con la emisora, sin ninguna competencia”.

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Un paso adelante, un paso atrás

Chile está abriendo paulatinamente su mercado adquirente e implementando un modelo de cuatro partes, similar a lo que ocurrió en Brasil hace más de una década, lo que ha dado lugar a una serie de innovaciones que van desde el uso generalizado de los terminales de punto de venta hasta el crecimiento de las fintech más recientemente.

El mercado de los medios de pago está actualmente saturado. Mientras que el brote de COVID-19 liberó los pagos digitales, los titulares han subido el tono de la discusión. Se están jugando demasiado, y este modelo de cuatro partes se está adoptando para dar entrada a nuevos adquirentes o procesadores que no están afiliados a la parte emisora, lo que en teoría debería ayudar a las empresas y a los consumidores.

Sin embargo, la transición normativa hacia el nuevo paradigma ha llegado a los tribunales. A pesar de que Transbank asegura haber solicitado al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) que declare el cumplimiento de la normativa de defensa de la libre competencia del modelo de cobro implementado por la empresa desde el 1 de abril de 2020; y de haber terminado los contratos con los emisores y negociado por separado el esquema, éste aún no convence a los actores de la industria.

El modelo de cobro de Transbank, que adoptó y presentó al TDLC a mediados de mayo como “autorregulación”, contempla “precios máximos para sus servicios a los emisores” y “precios rentables” para los servicios que desea entregar a los proveedores de procesamiento de pagos y otros operadores. Farmacias Ahumada, Flow, IGT Global, Mastercard, SMU, United, Visa, Walmart, Banco Santander -el primer banco que declaró su salida del esquema de Transbank en 2018- y las fintech, en general, se mostraron irritadas por este “modelo”. Las startups de la industria han advertido a las autoridades que si se aprueba el modelo, nuevos actores no podrán ingresar al mercado, y la plataforma aumentará la comisión que se cobra por cada transacción porque las tarjetas aumentarán las tasas de intercambio, que han sido desreguladas el país. El modelo de Transbank está en fase de prueba hasta el 31 de marzo de 2021.

A pesar de que la Fiscalía Nacional Económica consideró que “era necesaria una norma temporal para garantizar una adecuada migración al mercado de cuatro partes, aunque el Poder Ejecutivo no tomara la iniciativa en el tema”, el TDLC se negó a cambiar las tasas de intercambio el 6 de octubre.

Entonces, el TDLC entregó sus responsabilidades al Ministerio de Hacienda, solicitando que esta autoridad ingresara la ley en la que estaban trabajando a la brevedad. El gobierno aprovechó la ocasión, anunciando el 9 de julio de 2020 que el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, enviaría un proyecto específico para regular las tasas de intercambio.

Patricio Santelices, gerente general de Transbank, no está de acuerdo con la metáfora del “pecado terrible”, pero sostiene que, si tuviera que entrar en el juego, lo que ocurrió en el mercado de medios de pago “es un pecado mortal que lleva Chile y cada país; lo mismo en Colombia, en Argentina”. Este es el pecado mortal de cualquier industria en la que hay que hacer inversiones importantes y alguien debe decidir. En el caso de Chile, fueron los bancos”.

Santelices, quien es el CEO de la compañía desde diciembre de 2019, elogia los logros de la empresa – “basta con mirar la región, y (se verá) que nadie ha llegado a estos niveles de avance (en la tecnología sin contacto)”-, aunque también señala las deficiencias. “Sin embargo, la (falta de) competencia seguramente no fue una de ellas porque la autoridad pretendía hacer ajustes en 2017, y aquí estamos, en pleno proceso”.

“Cuando te das cuenta de que el 50% o más de las transacciones del país se siguen haciendo en efectivo, dices: ‘Hay oportunidad de desarrollo’. Y la introducción de la competencia ayudará a ello. Ya existía una competencia. El autoprocesamiento representa el 10% de todas las transacciones. El PSP representa aproximadamente entre el 6% y el 7% de todas las ventas (Payment System Provider). Es decir, algunos competidores son auténticos y cada vez lo son más. Santelices dice: “Estamos seguros de que este es el camino para seguir desarrollándose”.

Actitud inadecuada

“La transición a un paradigma de cuatro partes es necesaria, pero conlleva mucho dolor. Hay mucha ambigüedad. Y muchas grandes organizaciones se enfrentarán probablemente a costes más elevados el año que viene. No las pequeñas y medianas empresas, sino el 15% de las mayores corporaciones. ¿Se podrían haber hecho mejor las cosas? Sí. Si se hubieran regulado inicialmente las tasas de intercambio, las normas de marca y las tasas de acceso de los redistribuidores. Pero era difícil ejecutarlo con precisión en la práctica, y era algo que había que hacer”, explica el director general de Kiphu.

Santelices, de Transbank, cree que encontrar un punto medio en las polémicas tasas de intercambio es el camino a seguir. “La tasa de intercambio es un coste para nosotros que repercutimos en los comercios directamente y con el que no tenemos ninguna implicación. Y parece que Visa y Mastercard, sobre todo Mastercard, no han tomado medidas significativas para examinar sus tasas. Si el resultado final es una subida de precios, el proceso no merece la pena. La autoridad también se dio cuenta de que era necesario regularlas (las tarifas) porque las marcas no habían cumplido con su deber. Lo que va a pasar es lo que ha hecho en prácticamente todos los mercados donde hay adquisiciones: las tarifas se ajustarán”, dice Santelices.

“Es más fácil decirlo que hacerlo. Pero es incuestionable que es vital lograr un equilibrio técnico para la definición de estos pagos. Para que los incentivos no beneficien a unos y perjudiquen a otros”, dice, citando un ejemplo reciente: “Las bajas tasas de intercambio tendrán un impacto en el sector de las tarjetas”. Eso es evidente”.

Julio Tapia, del CeCo, por ejemplo, evita el pesimismo. Cuando se le pregunta si comparte la preocupación de que el monopolio de Transbank pueda ser reemplazado por un duopolio de Visa y Mastercard, señala un consenso regulatorio esencial entre varias instituciones de que el país tiene que avanzar hacia un mercado de cuatro partes. “El TDLC, la Comisión para el Mercado Financiero, la Fiscalía Nacional Económica, el Banco Central y todas las demás entidades públicas, técnicas e independientes han demostrado que esa es la forma de desarrollar el mercado de pagos”. “El sector sigue esperando leyes cruciales que puedan definir los incentivos de los actores y el comportamiento del mercado”, dice el especialista de la AUI. “Se necesitará algún tiempo en esta etapa para evaluar los beneficios y desafíos de este cambio fundamental en los métodos de pago”.

El colombiano Ngel Sierra, director ejecutivo de FINTECHILE, asociación que representa a los empresarios del sector financiero, es menos entusiasta. Sierra ha conseguido que se escuchen sus voces y que se incluyan sus conclusiones en las medidas que afectan al sector financiero, como la tan esperada Ley de Modernización de los Servicios Financieros.